Feminicidio y violación de derechos humanos de las mujeres

Feminicidio y violencia

 

Paloma Estada Muñoz y Juliana G. Quintanilla*

Las mujeres que mueren violentamente en el país son víctimas de quien les priva directamente de la vida y de un sistema omiso, cómplice, que justifica y garantiza impunidad a quienes los cometen. Existe un entramado jurídico-legal que no se utiliza, que no se pone en práctica para garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Un Estado que es incapaz de cumplir y hacer cumplir los derechos de las mujeres, termina siendo un Estado feminicida. Las mujeres que son asesinadas físicamente, también reciben una muerte simbólica, moral, política, cuando se les desfigura el rostro, se les elimina el nombre, se ocultan las causas, no se investiga ni mucho menos se sanciona. Carta de impunidad para machistas, misóginos, violentos. El ataque sistemático y furioso contra el cuerpo de las mujeres, tiene un objetivo ideológico que debe ser evidenciado claramente, que es el de atacar los derechos conquistados por las mujeres a través de la lucha feminista que se lograron mediante la movilización y el combate ideológico, el fortalecimiento político de mujeres que dan la cara en áreas anteriormente negadas por la sociedad masculina, como en el mundo del trabajo, en la academia, en la investigación, en la ciencia y en espacios de poder donde se toman decisiones. El derecho a decidir, en su cuerpo, en sus vidas y en el ámbito público y privado, hoy es más que nunca sometido a ataques por parte de quienes se sienten amenazados en sus privilegios y su autoritarismo.

El feminicidio es la expresión extrema de una violencia cotidiana que se expresa en todos los ámbitos de la vida pública y privada, cuando la crisis multidimensional del capitalismo muestra su rostro más horrible de la descomposición de las relaciones sociales y humanas, deviniendo en una barbarie cotidiana.

Luchar por los derechos de las mujeres se transforma en una lucha que tiene una herramienta poderosa en los instrumentos de derechos humanos y, sobre todo, en los procesos de organización, resistencia y articulación de grupos feministas, y sindicales, sociales y políticos, que consideran los derechos humanos de manera integral, para todas y todos, que no son asimilables por un sistema excluyente y depredador, explotador y opresivo, discriminador y que encubre la realidad con la manipulación ideológica y mediática de los dueños del capital y de los mecanismos ideológicos del poder.

En Morelos realizamos  una amplia labor de documentación de estos graves hechos y registramos como esta situación de extrema violencia se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Del 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos; en el 2006 fueron 37; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra de feminicidios creció a 31; en el 2009 se documentaron 37;  del 2010 fueron 46; en el 2011 la cifra fue de 70 y en el 2012 sumaron 92. En lo que va del 2013 son ya 35.

En 31 de los 33 municipios de la entidad morelense ya forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuatla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlan, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.

La tipificación del feminicidio en el Código Penal se logró después de casi 20 años de que se comenzaron a documentar casos de crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Fue un paso jurídico legal que mandata al Estado Mexicano a sancionar a quien incurra en este delito específico. Como toda ley, representa un avance, pero a la vez que muestra sus propias limitaciones.

Un caso emblemático: el triple homicidio cometido contra la familia de Joaquina Tacuba Benítez

Los hechos ocurrieron el 23 de mayo del 2012 en Axexentla, municipio de Jiutepec, Morelos, donde murieron: Petra Benítez Barrios, de 65 años de edad, José Adame Benitez de 23 años y José Ángel de 4 años de edad. Quedó herida Pilar Lugo de 20 años.

Se abrió la Carpeta de Investigación SC01/5363/2012 por parte de la Procuraduría General de Justicia, sin embargo, no muestra avance alguno en la investigación y no hay ningún detenido. Se han recibido llamadas de intimidación y amenazas por vía celular y se vive bajo una amenaza latente en contra de la familia, así como presencia de personas desconocidas cerca de sus viviendas y donde no aparecen los elementos policíacos que fueron asignados para garantizar la protección y seguridad de la familia.

Como organismo de Derechos Humanos  acompañamos a la familia en la atención y seguimiento de este caso, por lo que hemos enviado diversos escritos dirigidos a la PGJE solicitando información sobre el caso en particular, el último con fecha 27 de febrero del presente, sin que hasta este momento se nos de una respuesta concreta del caso.

Cabe destacar que el crimen contra la familia de Joaquina Tacuba y de Petra Benítez, se presentó en el contexto de la puesta en marcha del “Operativo Morelos Seguro” que solamente significo un crecimiento de la violencia, y muestra de ello es que en sólo 15 días se hayan presentado más de dos decenas de muertes violentas, superando 170 casos en 5 meses. Las declaraciones del Coordinador del Consejo de Seguridad Pública fueron: “Esta dinámica (de muertes violentas) continuará” porque “se están matando entre ellos”, mostrando la claudicación del Estado en la defensa del derecho a la vida y la seguridad ciudadana, así como el grado de omisión frente a quienes privan de la vida a otras personas en la entidad. Los hechos han sido dados a conocer como si se tratara de uno más de los múltiples asesinatos ocurridos en la entidad como si fuera derivado de la guerra entre bandas criminales, lo que generalmente ha significado que queden sin investigación y sin castigo alguno, en medio de la impunidad y la falta de justicia. Por ello, demandamos de las autoridades una investigación a fondo y apegada a los procedimientos jurídicos y legales, de tal manera que este crimen no quede en la impunidad, sin obtener resultados hasta el momento. A casi un año del feminicidio de Petra Benítez y del asesinato de su hijo y nieto, seguimos clamando justicia.

La violencia feminicida y el feminicidio como grado máximo de esa violencia son una afrenta más a la dignidad humana, en medio de la degradación  social y la impunidad prevaleciente, en el estado de Morelos que vive desangrándose cotidianamente, ante la violencia criminal e institucional en un proceso de militarización creciente. Este aspecto de toma de conciencia social del feminicidio nos parece sumamente relevante. En ningún momento bajamos la guardia frente a esta problemática y en la denuncia de lo que le corresponde realizar al Estado mexicano, entendido como todas las instituciones del gobierno, pero también nos dirigimos a la sociedad, no en abstracto ni invocando valores eternos, sino a las organizaciones que tienen un papel en el proceso de transformación de esta realidad, y sobre todo a mujeres que se desempeñan en los distintos sectores. Conseguir una amplia movilización social que permita ir a la raíz de las causas del feminicidio, para desmontar los aparatos ideológicos de poder y generar dinámicas de participación para defender los derechos de las mujeres, es fundamental para cambiar el estado de cosas que prevalecen.

Acciones por la Alerta de Género en Morelos

Debido a que el Feminicidio en el Estado de Morelos se ha incrementado en un acto nacional iniciamos la “Campaña por la vida y la libertad de las Mujeres en Morelos y por la Alerta de Violencia de Género”. A la cual se sumaron, abogadas, periodistas, feministas, sindicalistas y defensoras de derechos humanos, para exigir la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos. Tomar conciencia de la gravedad de esta violencia sistemática, institucional, estructural, no resulta fácil, pero cada vez hay más personas que suman sus voces de protesta y actúan por diversos medios para que no siga esta violencia criminal y la impunidad que la alimenta. El antecedente de esta exigencia data del año 2000, fecha en que iniciamos la tarea de atender a familiares y documentar  casos para exigir justicia.

El 16 de abril de 2013, entregamos una carta exigiendo la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos a la Presidencia de la república, y solicitamos a las organizaciones sociales se sumaran a esta a una acción urgente, misma que tuvo una respuesta creciente. Recibimos una respuesta de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, con fecha 23 de abril de 2013, que textualmente señala: “le comunico que su escrito ha sido turnado a la Secretaría de Gobernación para que sea atendido a la brevedad posible” y en el escrito con folio GR-2200021508-5 dirigido al Lic. Gerardo Alejandro González Espínola, Secretario Particular del C. Secretario de Gobernación.

La segunda etapa de la Campaña inició el 1o. de mayo, cuando organizaciones sindicales y sociales expresaron su apoyo a esta exigencia, con la recolección de firmas, que fueron entregadas directamente en la oficina de Peña Nieto. Por otro lado ante la solicitud de información al gobierno de Morelos sobre el grado de violencia feminicida y las acciones que llevan a cabo, ninguna de sus instancias respondió positivamente. El 26 de junio las Comisiones Unidas del Congreso de la Unión, en votación  económica aprobaron un punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, a analizar la factibilidad y procedencia de dar inicio al procedimiento legal para emitir la declaratoria. El 4 de julio en el Congreso del Estado de Morelos, con una votación unánime, exhorta al Congreso de la Unión a dar seguimiento al punto de acuerdo y se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres que analice y establezca ante el Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres los elementos necesarios para que se realice la Alerta de Género en Morelos.

El 23 de septiembre, recibimos de una comisión enviada por la Presidencia y de la Dirección General de Transversalización de la perspectiva de Género del INMUJERES, un oficio de respuesta a nuestra solicitud de emisión de la alerta de violencia de género que entregamos el 4 de septiembre del año en curso, donde se nos solicita formularla en los términos de la ley y su reglamento para dar certeza jurídica, a la vez que se nos informó que se entregó al Gobierno del Estado un Programa Emergente para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conformado por diversas medidas de intervención inmediata.

Estaremos dando puntual seguimiento a cada acción y recurriremos a todas las instancias hasta cumplir con el objetivo superior de la vida y la libertad de las mujeres en Morelos. Reforzaremos nuestras acciones tendientes a lograr una mayor conciencia y participación social en la defensa de los derechos de las mujeres en Morelos. Tomar conciencia de la gravedad de esta violencia sistemática, institucional, estructural, no resulta fácil, pero cada vez hay más personas que suman sus voces de protesta y actúan por diversos medios para clamar justicia y por una vida libre de violencia para las mujeres.

* Feministas integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C.